CAMPAÑA POR EL DERECHO A LA TIERRA
 Descargue el mandato agrario
CONGRESO NACIONAL AGRARIO
POR UNA POLÍTICA NACIONAL PARA EL CAMPO
AL SERVICIO DEL PAÍS
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, conformada por ochenta organizaciones, tanto de derechos humanos, como sociales y cívicas, con sedes en distintas ciudades del país y cuyo fin es el logro de los derechos humanos, económicos sociales y culturales, viene estimulando de común acuerdo con las principales agrupaciones campesinas un Congreso Nacional Agrario para febrero de 2003. A partir de la perspectiva del derecho a la tierra para los trabajadores del campo, el congreso busca definir una estrategia y acordar una política pública agraria que contribuya de manera definitiva a la solución política del conflicto armado en Colombia, dado que entre sus principales causas está la inequitativa situación que se vive en el campo. Este evento fue igualmente avalado en el Congreso Nacional de Paz y País, realizado en Bogotá en mayo de 2002.
¿Por qué un Congreso Agrario?
El corazón de los conflictos actuales de nuestro país es el campo. La historia colombiana arrastra como un fardo la no resolución de su cuestión agraria, asunto que está en la base tanto de la violencia endémica que padecemos como del narcotráfico. La pervivencia del autoritarismo y la continuidad del clientelismo -que desnaturalizan la democracia colombiana- tienen en el agro las condiciones sociales para su surgimiento y reproducción. Así mismo, la posibilidad de alcanzar un desarrollo económico y social consistente depende en buena medida de que la economía campesina sea reconocida como es debido y se asegure a los campesinos el pleno acceso a los factores de la producción, de modo que puedan vivir con dignidad. La suerte de la seguridad alimentaria para la nación depende del sitio que se le asigne al sector agrario y al peso que dentro de él se dé a la producción campesina.
Pese a lo anterior, la situación económica y social del sector rural empeora cada día. La globalización y el ajuste estructural han significado la ruina del agro colombiano: se ha disminuido el área sembrada y el volumen de las cosechas y por consiguiente el número de jornales. Se ha incrementado la concentración de la propiedad, casi siempre por medio del despojo violento de los pequeños y medianos productores, hasta el punto de que el 1% de los grandes hacendados posee el 53% de la tierra cultivable.
El aumento de la concentración de la propiedad se da simultáneamente con el aumento de la pobreza rural. Recientes estadísticas de la Contraloría General de la Nación (2002), indican que en el campo colombiano el 83% de la población está por debajo de la línea de pobreza y que el grado de indigencia supera el 40%, la situación se hace más dramática cuando se conoce que dos millones de colombianos han sido desplazados de sus tierras, veredas o municipios.
De otra parte, cuando Occidente vive una crisis que cuestiona el paradigma productivista generador de desastres ambientales y sociales, se impone buscar alternativas respetuosas de la naturaleza que posibiliten una relación armónica con el conjunto de la economía y la sociedad. Por ello, el estilo de vida y la producción campesina, más que un rezago romántico, se erigen en una posibilidad de alternativas a la actual civilización en crisis.
Volver los ojos al campo es pues un asunto de suma urgencia para nuestra sociedad. El tema rural es el problema colombiano central y compete a toda la nación. No es un lío corporativo que interese exclusivamente a las organizaciones del campesinado. De la forma como se resuelva el problema agrario depende, en buena parte, la autenticidad y solidez de la democracia en nuestro país, la fortaleza y sostenibilidad del desarrollo y, lo que es más importante, la posibilidad de construir una paz estable.
Para encontrar una salida política al estado de violencia que vive la nación, es necesario reconocer entonces el peso que tienen en esta situación crítica las contradicciones políticas, económicas y sociales del sector rural. Es el campo el escenario principal de los enfrentamientos entre los actores armados, y sus combatientes provienen básicamente del agro. Las reformas siempre aplazadas han llevado a la grave realidad que comentamos.
La solución negociada del conflicto armado requiere de opciones políticas realizables y, en el caso del sector rural, de una política pública agraria construida por quienes están vinculados o relacionados de una u otra manera con la producción agropecuaria. Esta política pública agraria, así construida, apoyada por amplios sectores de la sociedad, debe ser factible, en la perspectiva de la realización de un verdadero proceso de paz. En razón de que el enfrentamiento bélico no tiene solución militar, son indispensables propuestas coherentes en el debate político del país, además de la agraria, que permitan a los colombianos vislumbrar un futuro posible y una nueva Colombia hacia la cual orientarse; es decir, una agenda de alternativas políticas hacia la paz.
En sintesis, es urgente propiciar el más amplio interés en la sociedad colombiana por los problemas rurales y promover una deliberación general en la que participen todos los que quieran aportar a la construcción de una propuesta nacional que posibilite que el agro colombiano salga de su crisis histórica.
Premisas para construir una política pública agraria.
Las propuestas presentadas por los distintos actores del campo, las de las organizaciones políticas y las investigaciones realizadas por los centros de estudios y por los académicos sobre los temas agrarios, así como las políticas gubernamentales deben ser debatidas y analizadas con el fin de establecer consensos sobre los aspectos esenciales inherentes a una política progresista para el sector.
En este sentido es indispensable levantar para los trabajadores del campo el derecho a la tierra, como derecho humano fundamental. El pensamiento jurídico y político debe apropiarse de esta perspectiva, como requisito para la dignificación de la existencia de las poblaciones rurales.
En la solución a la crisis del campo es necesario destacar que en las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de noviembre de 2001 se dice: "El Comité urge al Estado parte (Colombia) a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo una genuina reforma agraria". Es un deber del Estado colombiano dar respuesta seria a esta recomendación. La aplicación de tal recomendación tiene un amplio sustento constitucional principalmente en los artículos 64, 65 y 66 de la Carta Magna, que no han sido tenidos en cuenta en la elaboración de la política agropecuaria.
La seguridad alimentaria de la población colombiana debe estar garantizada y, por lo tanto, es menester reconocer el papel que el campesinado desempeña en ella y las condiciones que en el agro colombiano existen para lograrla, siempre y cuando podamos restablecer nuestra autonomía en las decisiones fundamentales sobre lo que debe ser la producción agropecuaria nacional y frenar las imposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que implican el debilitamiento del aparato productivo de nuestros países. Colombia debe igualmente encarar la enorme desventaja que significa para los productores nacionales el altísimo subsidio que los países desarrollados dan a sus agricultores. El hecho es que los precios de numerosos productos agrícolas importados están por debajo de los costos reales de producción, haciendo inviable la comercialización internacional de nuestra agricultura. Millones de toneladas de alimentos llegan del exterior, liquidando de paso nuestra producción interna.
Estamos invitando a participar de este esfuerzo a las colombianas y colombianos, todos, en especial a las campesinas y a los campesinos; a sus organizaciones tanto del nivel nacional como regional y local; a los productores agrícolas y ganaderos de espíritu progresista y patriótico y a sus agremiaciones y agrupaciones; a los profesionales y técnicos afines a la actividad agropecuaria y sus asociaciones; a los pueblos indígenas y afrocolombianos que luchan por la consolidación de sus territorios; a los desplazados que organizadamente trabajan por el retorno seguro a sus lugares de origen; a los investigadores, académicos y universitarios comprometidos en la búsqueda de una paz con justicia social; a los diseñadores de políticas públicas agrarias; a los políticos y parlamentarios interesados en la temática rural; a las centrales y federaciones sindicales nacionales; a las Iglesias; a los maestros; a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de paz y, en fin, a todos los que estén convencidos de que las reformas y no la guerra son la paz.
Cómo va la iniciativa
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y sus ochenta organizaciones, bajo la coordinación del Cinep, han dado impulso inicial a la tarea. El Consejo Nacional Campesino, el Coordinador Nacional Agrario impulsa como propia esta convocatoria, Salvación Agropecuaria ha manifestado su disposición a aportar. La Coordinadora Nacional de Desplazados prepara su II Encuentro nacional para fundamentar su plataforma y preparar su participación en el evento nacional agrario de febrero de 2003. El Congreso Nacional de Paz y País, en mayo de 2002, señaló la necesidad de un proceso de convergencia nacional de amplio espectro, para consensuar una política agraria que, una vez conocida por el país, alcance un gran respaldo. Otras entidades como la Asamblea Permanente por la Paz, el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana, Indepaz, Planeta Paz y el Programa por la Paz, han adherido ya a la propuesta. Las organizaciones campesinas han programado para el 16 de septiembre una jornada nacional para presentar al país sus reclamaciones y propuestas. También en septiembre se llevará a cabo el Foro Internacional de Solidaridad con el campesinado colombiano, evento en el cual se lanzará públicamente la iniciativa aquí descrita.
Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Bogotá, julio de 2002
FORO INTERNACIONAL AGRARIO DE SOLIDARIDAD CON
EL CAMPESINADO COLOMBIANO
BOGOTÁ, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONVOCATORIA
DECLARACIÓN
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